¿´Impeachment?

Manuel Pastor Literalmente, impeachment significa "imputación" o "acusación". La Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 1, sección 2, dice que la Cámara de Representantes tendrá en exclusiva el poder de proceder al impeachment, y en la sección 3 añade que el Senado tendrá en exclusiva el poder de juzgar los impeachments. El artículo 2, sección 4, reza:

El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán desplazados de su cargo mediante impeachment y condena por traición, cohecho u otros grandes delitos y fechorías.

Lo de "traición" y "cohecho" parece claro, pero la coletilla final, "or other high crimes and misdemeanors", como es imaginable, se ha prestado a múltiples interpretaciones, opiniones y polémicas entre expertos de derecho constitucional. Es fácil inferir que entre los "grandes" o "altos" delitos y fechorías están la prevaricación, el perjurio, el encubrimiento criminal y, posiblemente, en algunos casos, la mentira política, especialmente si va acompañada de encubrimiento criminal y vulneración de derechos constitucionales de los ciudadanos (por ejemplo, la libertad de expresión, o, es un suponer, el chantaje a militares, agentes de la CIA o funcionarios del Departamento de Estado). El gran especialista en la materia, antiguo profesor de Harvard, Raoul Berger (v. Impeachment: The Constitutional Problems, Harvard University Press, 1973), en su polémica con el principal abogado de Nixon en el caso Watergate, James St. Clair, apuntó y argumentó convincentemente una causa adicional para la tipología de este delito constitucional: el abuso de poder.
Hasta la fecha sólo ha habido tres impeachments contra presidentes: contra Andrew Johnson, Richard Nixon y William Clinton. Nixon dimitió motu proprio antes de que se produjera la condena; Johnson y Clinton fueron exculpados en la votación del Senado, que actúa como jurado, presidido por el jefe (chief) de la Corte Suprema. Pero el número de impeachments contra otros funcionarios es muy elevado. Solo en el estado de Illinois, y solo desde la Segunda Guerra Mundial, han sido juzgados cinco (y condenados cuatro) gobernadores por corrupción o prevaricación: William Stratton, Otto Kerner, Dan Walker, George Ryan y Rod Blagojevich. Los dos últimos creo que todavía siguen en la cárcel. Por cierto, Blagojevich era teóricamente el jefe político de Obama en la famosa maquinaria demócrata del estado y en la infame de Chicago. ¿Se imagina el lector que se aplicara el mismo criterio en asuntos de prevaricación en casos de rebeldía o insumisión anticonstitucional protagonizados por políticos y gobernadores de algunas de nuestras comunidades autónomas? ¿O contra las autoridades superiores del Estado que no actúan en consecuencia con el principio de imperio de la ley? He aquí una diferencia espectacular entre una democracia consolidada y una democracia fallida.
Con la excepción de Sean Hannity y Mike Huckabee (ambos de la Fox), muy pocos analistas políticos (sin falsa modestia, yo lo he hecho con media docena de artículos en Libertad Digital y en dos intervenciones en el diario de la noche de Telemadrid) se han atrevido a insinuar la posibilidad de un impeachment al presidente Obama tras el ataque terrorista al consulado americano en Bengasi, el 11 de septiembre de 2012. En opinión de Victor Davis Hanson, opera una especie de tabú, y la prensa progre se ha negado a investigar un caso que afectaría al primer presidente "afroamericano educado, limpio y articulado" (como diría el bocazas de Joseph Biden). La situación está cambiando desde hace algunas semanas, y la investigación iniciada en el Congreso por Issa Darrell, presidente del Comité de Supervisión en la Cámara de Representantes, está sacando a la luz informaciones devastadoras para el presidente y para su equipo en la Casa Blanca. La responsabilidad de Obama y sus asesores en materia de terrorismo (Denis McDonough, Tom Donilon y John Brennan, tengo que recordarlo: católicos progres adeptos a la Teología de la Liberación) es evidente en la forma en que se manipularon y se encubrieron los hechos, una vez que se ignoró por razones electorales la información de la CIA (¿hubo chantaje a su director, el general Petraeus? El director nacional de inteligencia, James Clapper, es un cero a la izquierda).
Al presidente Obama se le acumulan los problemas y escándalos. Al ataque terrorista en Bengasi le sucede el ataque terrorista en Boston; al espionaje a los periodistas de AP y de Fox le sigue la manipulación de la Agencia Tributaria contra el Tea Party… Me aventuro a hacer algunas predicciones: Obama se consolida ya como un presidente lame duck, otros opinan que más bien es un dead duck; en las elecciones intermedias del próximo año vamos a presenciar un renacimiento vigoroso del Tea Party, lo que posiblemente bloqueará todas las iniciativas legislativas del presidente para el resto de su mandato; y Hillary Clinton, la "princesa de Bengasi", plausiblemente perderá la posibilidad de ser la candidata demócrata para suceder al Rey Obama en 2016.
Mientras tanto, antes de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes inicie los procedimientos para una posible imputación del presidente, Darrell Issa y otros notables congresistas republicanos, como el representante Jason Chaffetz, de Utah, y el senador Ted Cruz, de Texas, junto a rutilantes estrellas del Tea Party como Sarah Palin y Michele Bachmann, seguirán dando la batalla política contra la impostura y en pro de la democracia bajo el imperio de la ley.
Titulo este artículo con una interrogación. La conclusión a la que llego –enjuiciando no la incompetencia, sino la mala fe y la arrogancia del poder– desde el sentido común y el rigor constitucional es clara: ¡impeachment!

Tomado de:

http://www.libertaddigital.com/opinion/manuel-pastor